Sus multas no me van a parar

El pasado mes de octubre decidí secundar las protesta en defensa de la educación pública convocadas a nivel estatal por el inexistente en Almería Sindicato de Estudiantes. Lo hice porque creo que la educación pública es un derecho del que yo hasta ahora he disfrutado y que de no serlo, no me hubiera sido posible. Lo hice por mi derecho a la educación pública, por el de mis futuros hijos, y por supuesto, también por el de los hijos de los agentes que me “propusieron para sanción”.

Ellos no ponen multas. Ellos solamente redactan los informes tras haber identificado aleatoriamente a personas que, estuviesen en la protesta o simplemente pasasen por allí, se cruzasen en su camino y “lo pasan a la subdelegación de gobierno para que haga lo crea conveniente”. Tan solo son un eslabón más de una cadena que tiene grabadas las palabras REPRESIÓN INSTITUCIONAL. ¿Tan culpables como cualquier otro de los que la hacen posible? En mi opinión sí.

El caso es que el pasado mes de diciembre recibí una notificación en casa en la que se me informaba de haberse iniciado un expediente administrativo a causa de esto. Lleno de errores, de manipulaciones, de mentiras y de exageraciones, pero sobretodo de odio y ganas de desmovilizar a la gente. El día en que escribo un artículo, y después de presentar un escrito de alegaciones de más de 8 páginas, varias capturas de redes sociales que desmienten las acusaciones y las declaraciones juradas de tres testigos que aseguran que ni mucho menos fui organizador de la protesta, he recibido la resolución de este; una copia prácticamente calcada de la notificación inicial (incluso con los mismos errores de forma) que ni siquiera hace alusión a las pruebas anteriormente citadas.

En ningún momento en las jornadas indicadas se me identificó. Es más, desde una protesta organizada por acampadaalm en la puerta de la diputación de Almería, allá por julio de 2011, ningún agente policial me ha identificado, ni en una protesta ni en otro lugar. “No necesitamos identificarle para saber que es él” le decía un integrante del cuerpo en la ciudad a una persona que se interesó por mi caso. Debo ser famoso en esta ciudad y yo no me he enterado. ¿O quizás no es cosa exclusiva de la subdelegada del gobierno de Madrid eso de hacer una lista con “potenciales delincuentes” integrada por cientos de personas que participan activamente en movimientos sociales? No lo sé. Lo que si se es que defender los derechos de la ciudadanía sale bastante caro: a mí en concreto por 400€ que, siendo estudiante y con una situación en casa tan compleja como la de otros 6 millones de hogares en nuestro país, me serán difíciles de afrontar.

Pero mi pregunta es, ¿Cómo es posible que en una manifestación convocada estatalmente y difundida a través de las redes sociales, en la que la policía no solo no informa a los asistentes de que no ha sido autorizada, sino que además les escolta y abre paso a medida que avanzan, yo tenga que informarme de si esa convocatoria cuenta con los permisos pertinentes o no? ¿Y de qué manera podría yo obtener esa información? Al igual que el resto de estudiantes que en esos días nos dimos cita, yo no tenía constancia de que esa manifestación no estuviese autorizada. Ningún agente policial u otra autoridad nos informó de que estuviéramos cometiendo una infracción. Aun así, si se me acusa de ello en el expediente administrativo a mí, la única persona de las 600 que asistieron que ha sido propuesta para sanción. La única. Raro, ¿No?

Por desgracia, no soy el primero al que han multado aleatoriamente a modo de aleccionamiento. Algo me dice que tampoco seré el último. Eso sí: hace mucho tiempo decidí que entre quedarme en casa viendo como “españoles de bien” como Bárcenas se va de rositas mientras recortan 5.000 millones en la educación pública, o salir a la calle a reclamar mis derechos como ciudadano español y ejercer un derecho fundamental recogido en nuestra constitución como es el de derecho de reunión, elegía lo segundo.

Sus multas no me van a parar. Algún día habrán merecido la pena.