No, no es el título de una película de terror. Tampoco de una novela
descatalogada que venden en una tasca de estación, ni un libro de auto-ayuda.
Es la vida misma, es España.
Hace unos días se conocía la noticia de que CaixaBank, perteneciente al grupo
La Caixa, había formado su consejo asesor territorial en nuestra comunidad
autónoma. Pero la noticia no era que doce tíos (sí, todos hombres) fuesen a
cobrar un pastizal por un cargo de pega, algo bastante habitual en nuestro país,
no: la noticia era que el Rector de la Universidad de Almería, Pedro Roque
Molina, figuraba entre los doce magníficos.
Pedro Molina, el único de los integrantes de este nuevo consejo que pertenece a
la administración, probablemente sea también el único que para hacerlo se ha saltado
la ley: la Ley 3/1995, de
incompatibilidades de altos caros de la Administración de la Junta de Andalucía
y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros
cargos públicos. No entremos ya en que la Universidad de Almería tiene adjudicadas
obras a varias empresas adjudicatarias de las que, casualidad: la entidad es
partícipe. Ni siquiera me pregunto si esto habrá tenido algo que ver a la hora
de escogerle porque parece evidente que no ha sido designado por sus cualidades
profesionales, precisamente.
Nuestro rector magnífico, que ha mostrado muchas veces su enorme “compromiso
social” con quienes peor lo pasan, entregando ordenadores a inmigrantes que en el futuro serán quienes le paguen el sueldo o estando presente en jornadas de
concienciación sobre diversos temas de índole social, parece no tener reparos
en percibir otro sueldo de una entidad que está entre las cuatro que más desahucios ejecutaron en 2012. La misma entidad que no desahució a Amaia Egaña
porque esta se suicidó antes de que la policía irrumpiese en su casa de
Baracaldo el pasado mes de noviembre. Una entidad cuya obra social consisten en
desahuciar a madres solteras con hijos que perciben menos de cien euros al mes,
como ocurrió en diciembre en Sevilla.
Para más inri, casi simultáneamente a esta noticia, conocíamos otra relacionada
con dicha filial: para absorber las antiguas oficinas de Caja Sol, la red se dispone a cerrar 220 oficinas en toda Andalucía. Aseguran que no habrá
despidos, algo de lo que no solo yo, sino los trabajadores desconfían, pero si
admiten que habrá 850 “traslados forzosos” de trabajadores de dicha entidad.
Justo después de conformar su consejo asesor andaluz. ¿Cuántos sueldos de
trabajadores se podrían mantener con lo que cobren estos doce afortunados? No
lo sabemos porque, evidentemente, la cifra no ha trascendido.
Pedro Molina tiene no solo que dar explicaciones, sino dimitir de uno de los
dos cargos. No porque el prácticamente inexistente movimiento estudiantil de la
Universidad de Almería, que ni está ni se le espera, se lo pidamos. Tampoco
porque la comunidad docente, mayoritariamente afín a él, lo exija. Por simple
calidad democrática, algo de lo que nuestra universidad pública no está para
dar ejemplo, tiene que hacerlo.
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