Desde
primera hora de la mañana del pasado martes corrían como la pólvora por las
redes sociales unas imágenes tomadas por vecinos del barrio de Pescadería. En
ellas varios policías municipales escoltaban a dos trabajadores de la empresa municipal
AQUALIA en las puertas de diferentes edificios del barrio, presumiblemente
mientras realizaban cortes del suministro de agua por impagos en los recibos.
La penosa imagen ponía de relieve la sensibilidad habitual de nuestro
Ayuntamiento con los más desfavorecidos; si hace menos de dos semanas Aránzazu
Martín, concejala de Asuntos Sociales y diputada andaluza, se vio “incapaz de
encontrar familias susceptibles de recibir ayuda domiciliaria” (y eso que,
según decía, había buscado hasta debajo de las piedras), este martes eran
trabajadores dependientes del consistorio los que se enfrentaban a familias con
una situación, podemos imaginar, mucho más que vulnerable.
Quizás si el área del que Aránzazu es responsable hubiera preguntado a la
empresa que gestiona el suministro de agua las direcciones de viviendas con
varios recibos adeudados, el Ayuntamiento no se hubiera tenido que ver obligado
a devolver más de 400.000 euros del presupuesto que la Junta de Andalucía le
transfirió para poner en marcha el decreto de exclusión social de 2013. Teniendo
en cuenta que los últimos datos de la EPA reflejan que en nuestra provincia hay
más de un 35% de personas desempleadas, no debería de ser tarea difícil encontrar
familias que necesiten ayuda a domicilio en nuestro municipio.
¿Cuál es el problema entonces? ¿No debería de estar exigiendo un aumento en las
partidas presupuestarias que recibe su concejalía en vez de permitirse el lujo
de devolver dinero destinado a paliar la pobreza? Pues bien, si tenemos en
cuenta que Aránzazu Martín es abogada de profesión, algo que más bien poco
tiene que ver con la concejalía que dirige, podemos deducir que por muy
concienciada que esté con la situación actual, pese a que no se desprenda de
sus palabras, no tiene la formación necesaria para gestionar una respuesta
eficaz a las necesidades de los almerienses en el momento en el que más
necesitan la ayuda de su institución más próxima.
No me termina de quedar claro si la devolución del sobrante adolece a la eterna
tensión entre el gobierno municipal y el gobierno autonómico o a la desgana de
quienes deberían de haber hecho todo lo posible porque ese dinero llegase a
quienes lo necesitan. Lo que si me queda claro es que las palabras de la
concejala desprenden una total falta de contacto con la realidad en la que viven
los ciudadanos para los que en teoría trabaja, quizás justificada por su
condición de pluriempleada; concejala, diputada autonómica y levantadora de
piedras a tiempo completo.
Parece algo propio del ADN municipal que se coloque a personas sin la formación
pertinente al frente de áreas como Asuntos Sociales, Medio Ambiente o
Participación Ciudadana. Cuando se ganan unas elecciones con mayoría absoluta y
llega el momento de repartirse el pastel, parece que prima más contentar a determinadas
personas con cargos que supongan mayor retribución que el amoldar a los más
adecuados a las distintas responsabilidades municipales. Como siempre el pato
lo acaba pagando la ciudadanía; esta vez perdiendo una ayuda que podría haber
aliviado el sueño de un par de miles de familias. ¿Qué tocará mañana?
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